COMUNICADO DE PRENSA
Para difusión inmediata
5 de marzo de 2026
Contacto: press@alianzaamericas.org / (773) 638-4278
Las personas beneficiarias del Estatus de Protección Temporal (TPS) de El Salvador, Honduras y Nicaragua han entregado entre 20 y 30 años de sus vidas —sus años más productivos— a Estados Unidos. Allí han formado familias, echado raíces y sostenido comunidades enteras con su trabajo.
Más de 170,000 personas de El Salvador dependen de este programa para vivir y trabajar legalmente en el país, y más de 53,000 personas de Honduras y Nicaragua ya han perdido su TPS, quedando sin una vía para regularizar su estatus migratorio. Muchas de ellas hoy tienen entre 40 y 70 años; son madres y padres de ciudadanos estadounidenses y, después de décadas de contribución, están siendo tratadas como si fueran temporales y desechables.
Miles de estas familias enfrentan hoy una creciente incertidumbre debido a decisiones recientes que afectan la continuidad del programa y a información confusa sobre permisos de trabajo publicada por la Oficina de Inmigración y Ciudadanía (USCIS, por sus siglas en inglés).
Ante esta situación, Alianza Americas, junto con el Caucus Hispano del Congreso de los Estados Unidos, realizó una sesión informativa bicameral en Washington, D. C., para actualizar a los equipos legislativos sobre la grave situación que enfrentan las personas con TPS de Honduras y Nicaragua tras la cancelación de sus protecciones, así como sobre la confusión que afecta a la comunidad salvadoreña respecto a la extensión automática de los permisos de trabajo.
El panel contó con la participación de organizaciones miembro de Alianza Americas que trabajan directamente con comunidades afectadas: Centro Presente, representado por su directora ejecutiva, Patricia Montes, y por Jackey Baiza, beneficiaria de TPS de Honduras; el Centro de Recursos Centroamericanos de Washington D. C. (CARECEN DC), representado por su director ejecutivo, Abel Núñez; y el programa Semillas de Resistencia en Florida, representado por su coordinadora de política, Yareliz Méndez Zamora.
Jackey Baiza compartió el temor que enfrenta tras perder su protección, a pesar de haber vivido en Estados Unidos desde los dos años de edad. “De un momento a otro, mi vida cambió; perdí mi empleo y mi seguro de salud. Mi familia y yo vivimos con miedo constante de que yo sea arrestada y separada de las personas que amo”.
Por su parte, Patricia Montes subrayó la urgencia de una respuesta legislativa. “La cancelación del TPS para Honduras pone en riesgo a miles de familias que no pueden regresar a un país marcado por la violencia, la fragilidad institucional y una inestabilidad a la que Estados Unidos ha contribuido durante años mediante decisiones de política exterior que han debilitado la democracia. El Congreso debe actuar con urgencia y aprobar una solución permanente que incluya una vía hacia la residencia”.
Abel Núñez enfatizó que sólo el Congreso puede brindar una solución permanente: “Las personas con TPS llevan décadas construyendo este país y merecen ser tratadas con dignidad. Es urgente una legislación que les garantice estabilidad y les dé la opción de regresar con dignidad o de acceder a una vía hacia la residencia permanente que proteja la vida que han ganado y construido junto a sus familias en Estados Unidos”.
Por su parte, Yareliz Méndez Zamora destacó el impacto que tendría la cancelación del TPS en las familias nicaragüenses. “Muchas personas con TPS de Nicaragua han vivido en Estados Unidos durante más de 25 años y están criando hijos ciudadanos estadounidenses. Cancelar el programa significaría separar a familias y desestabilizar comunidades enteras”.
La sesión se desarrolló en formato híbrido y contó con la participación de Dulce Guzmán, directora ejecutiva de Alianza Americas; Helena Olea, vicedirectora; y Yanira Arias, organizadora de abogacía y liderazgo. Durante el encuentro, Olea subrayó la importancia de una respuesta del Congreso basada en los derechos humanos y en el debido proceso, mientras que Arias destacó el impacto que la información errónea y los retrasos administrativos de USCIS tienen en las familias y las comunidades.
Durante la sesión, Dulce Guzmán presentó una serie de recomendaciones orientadas a fortalecer la supervisión legislativa sobre USCIS, garantizar que la información pública sobre el TPS sea clara y precisa, y avanzar hacia una solución legislativa permanente para las personas que han vivido y contribuido al país durante décadas.
Para conocer las recomendaciones completas presentadas al Congreso, consulte el documento informativo preparado por Alianza Americas.
Alianza Americas continuará trabajando a nivel local y con el Congreso para promover soluciones legislativas que protejan a las comunidades centroamericanas y fortalezcan una política migratoria justa, humana y respetuosa de la dignidad de todas las personas, incluidas quienes han dedicado décadas de su vida a este país.
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Alianza Americas es una red transnacional de organizaciones lideradas por personas migrantes en Estados Unidos. Trabajamos para fortalecer la justicia social, la equidad y los derechos humanos en las Américas.
