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Alianza Americas condena enérgicamente la decisión del presidente Trump de invocar la Ley de Enemigos Extranjeros para atacar a personas migrantes venezolanas. Estados Unidos no está en guerra ni bajo invasión. Esta acción temeraria y xenófoba viola indudablemente los derechos humanos y las protecciones constitucionales, haciendo eco de algunos de los capítulos más dañinos de la historia.
La retórica de Trump y su intento de revivir esta ley del siglo XVIII reflejan uno de los episodios más indignante de la historia de Estados Unidos: la detención forzada de personas de origen japonés en campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial. Esa atroz violación de las libertades civiles ha sido reconocida desde entonces como una grave injusticia. Y lo que es aún más preocupante, 250 personas venezolanas han sido deportadas al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) de El Salvador, una prisión de máxima seguridad cuestionada por sus condiciones inhumanas de subsistencia, a pesar de que un juez federal dictó una orden de alejamiento temporal de 14 días exigiendo su retorno.
Desde 2023, el presidente salvadoreño Nayib Bukele ha utilizado el CECOT para detener a miles de personas acusadas de pertenecer a pandillas, muchas de ellas sin juicio, garantías procesales ni pruebas que vayan más allá de la sospecha. Sólo el año pasado, Cristosal, una destacada organización de la sociedad civil, denunció 261 muertes en el sistema penitenciario de El Salvador como consecuencia de su denominada lucha contra la delincuencia. Ahora, al aceptar a personas venezolanas detenidas en circunstancias legales ambiguas, El Salvador es cómplice de un peligroso precedente: normalizar la represión y el abuso institucionalizado de las personas migrantes.
El traslado de estas personas a otro país plantea graves problemas legales y éticos. Sigue sin estar claro qué organismos determinaron sus supuestas afiliaciones, bajo qué autoridad fueron deportados o las condiciones de su detención y posible puesta en libertad. Despojar a las personas de sus derechos, etiquetarlas como terroristas y subcontratar su encarcelamiento a un gobierno extranjero es una maniobra cruel impulsada por la política antiinmigración, no por la justicia o la seguridad. Ningún ser humano debería ser sometido a semejante deshumanización.
La Ley de Enemigos Extranjeros, diseñada para su uso en tiempos de guerra contra adversarios extranjeros, no tiene cabida en la política de inmigración moderna. Utilizarla contra las personas inmigrantes venezolanas es un abuso de poder que socava la democracia, el debido proceso y los principios que Estados Unidos dice defender. La historia nos ha demostrado las catastróficas consecuencias de perseguir a grupos enteros basándose en el miedo y los prejuicios; no podemos permitir que vuelva a ocurrir.
Pedimos a todos los funcionarios electos, a las organizaciones de la sociedad civil y al público en general a que rechacen estas peligrosas acciones y se alcen en defensa de la dignidad humana y los derechos fundamentales. Estados Unidos debe ser una nación que proteja a las personas en condiciones de vulnerabilidad, no que los encarcele bajo amenazas inventadas. La orden judicial fue clara e inequívoca: debe mantenerse la justicia.
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