Alianza Americas expresa su profunda preocupación y firme rechazo ante la consolidación del autoritarismo en El Salvador, tras la aprobación de la reforma constitucional el 31 de julio de 2025, que permite la reelección indefinida del presidente y debilita de manera irreversible los contrapesos democráticos. Esta medida, impulsada por una Asamblea Legislativa controlada por el oficialismo, elimina el límite de mandatos presidenciales, extiende el período presidencial a seis años, suprime la segunda vuelta electoral y reestructura el calendario electoral. La reforma constitucional está hecha para facilitar la permanencia indefinida en el poder del presidente Nayib Bukele.

Estos hechos no son aislados, son la culminación de un proceso en el que avanza el autoritarismo y se derrumba el estado de derecho. Desde el 9 de febrero de 2020, el presidente ingresó con militares armados a la Asamblea Legislativa para presionar a los diputados, el país ha vivido una acelerada degradación institucional. En mayo de 2021, tras obtener la mayoría absoluta en el Congreso, el oficialismo destituyó arbitrariamente a los magistrados de la Sala de lo Constitucional y al Fiscal General, reemplazándolos con figuras afines al Ejecutivo. Esto permitió reinterpretar la Constitución en septiembre del mismo año para justificar la reelección presidencial inmediata, a pesar de la clara prohibición constitucional. 

El avance hacia el control absoluto también implicó una serie de reformas electorales regresivas, como la reducción del número de alcaldías y de diputados, con el propósito de  concentrar el poder y limitar la representación plural. Además, desde 2023, se ha implementado una estrategia sistemática de persecución política contra quienes se atreven a denunciar o cuestionar al régimen. 

Todo esto ha ocurrido bajo un régimen de excepción decretado en marzo de 2022, tras una masacre provocada por la ruptura del pacto entre el gobierno y las pandillas. Aunque los niveles de seguridad en el país han mejorado, el arresto sin orden judicial, la detención preventiva indefinida, la imposibilidad de tener acceso a representación legal o visitas familiares, ha resultado en graves violaciones a derechos humanos, con detenciones masivas, juicios sin debido proceso y represión contra críticos, periodistas y defensores de derechos humanos. El Salvador tiene la tasa más alta de personas privadas de libertad per cápita. Son más de 80,000 personas privadas de libertad. Además, entre 2021 y 2025, decenas de personas han sido forzadas al exilio.

Desde Alianza Americas hacemos un llamado firme a la comunidad salvadoreña, dentro y fuera del país, a alzar la voz ante el grave retroceso democrático que enfrenta El Salvador. Los Acuerdos de Paz ofrecieron una oportunidad histórica para construir un Estado basado en derechos e instituciones sólidas, pero hoy esa promesa está siendo desmantelada. Si bien reconocemos que la mejora en la seguridad es una demanda legítima, nada justifica concentrar el poder, eliminar garantías constitucionales o reprimir la disidencia. La seguridad y la libertad no son opciones excluyentes: ambas son esenciales para una vida digna. Reiteramos nuestra solidaridad con todas las personas que han sido víctimas del autoritarismo y reafirmamos nuestro compromiso con la defensa de la democracia, los derechos humanos y la justicia social en El Salvador y en toda la región.

‍