El 4 de febrero de 2026, Tom Homan anunció que el aumento de operativos de control migratorio en Minnesota llegaría a su fin y que los agentes comenzarían a retirarse del área en las semanas siguientes. El anuncio se produjo después de más de dos meses de operativos intensificados que resultaron en 4,000 arrestos y en la muerte de Renee Good y Alex Pretti. Desde que Donald Trump asumió la presidencia en 2025, operativos similares se han llevado a cabo en distintas partes del país. Solo en 2025, la detención migratoria a cargo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) aumentó en un 75%, con 73,000 personas detenidas a mediados de enero.
Este tipo de operativos migratorios, con características militarizadas, deja mucho más que daños visibles: siembra miedo, inestabilidad y trauma en lo profundo de nuestras comunidades. Detrás de las cifras de arrestos hay impactos duraderos en la salud mental y física de las personas. Niñas y niños pierden el sueño, madres y padres viven en un estado constante de alerta y comunidades enteras cargan con el estrés de la incertidumbre y la pérdida. La verdadera pregunta no es solo cuántas personas fueron detenidas, sino a qué costo. ¿Qué tan profundo es el daño psicológico que dejan estos operativos? ¿Qué les ocurre al cuerpo y a la mente de las familias que viven bajo un miedo sostenido mientras intentan simplemente sobrevivir?
Las personas migrantes ya enfrentan un mayor riesgo de ansiedad, depresión y trastorno de estrés postraumático debido a desigualdades estructurales en el acceso a vivienda, atención médica y empleo. Esta vulnerabilidad se intensifica en momentos de trauma colectivo como el que vive actualmente el país a raíz de los operativos de ICE. Personas inmigrantes en Minnesota han compartido que se sienten obligadas a permanecer en sus hogares por temor a la detención o a la violencia. Esta realidad no es exclusiva de Minnesota: comunidades inmigrantes en todo Estados Unidos están reduciendo sus salidas para protegerse.
Este confinamiento y el miedo constante asociado a salir de casa afectan negativamente a las familias, especialmente a niñas, niños y adolescentes. Vivir bajo la amenaza permanente de que algo les suceda a ellos o a sus seres queridos afecta su desarrollo emocional y psicológico.
En el mismo momento en que las necesidades de salud mental aumentan, el apoyo federal se está reduciendo. Las personas inmigrantes enfrentan desventajas adicionales, ya que los recursos disponibles no siempre son accesibles debido a barreras de idioma, de transporte, de costos o de diferencias culturales. La actual administración federal está agravando esta situación al impulsar iniciativas que reducen aún más el financiamiento destinado a la salud mental.
En abril de 2025, la administración Trump canceló diversas subvenciones de la Oficina de Programas de Justicia del Departamento de Justicia. Entre estos recortes, 88 millones de dólares estaban destinados a abordar el consumo de sustancias y los trastornos de salud mental dentro del sistema de justicia y en las comunidades. Durante ese mismo período, la administración también anunció que retiraría 1,000 millones de dólares en subvenciones de la Bipartisan Safer Communities Act, aprobada en 2022, que financiaba la contratación de profesionales de salud mental en las escuelas.
Además, el gobierno federal ha propuesto eliminar la Administración de Servicios de Salud Mental y Abuso de Sustancias (SAMHSA) y la Administración de Recursos y Servicios de Salud (HRSA), integrándolas en una nueva agencia mientras recorta 1,000 millones de dólares en programas de salud mental. También ha decidido no aplicar las regulaciones de paridad en salud mental finalizadas durante la administración de Joe Biden, que buscaban garantizar que las aseguradoras cubrieran la salud mental y la salud física en igualdad de condiciones. En febrero de 2026, la administración recortó brevemente 2,000 millones de dólares en subvenciones federales para salud mental antes de restablecerlas, una decisión que generó incertidumbre entre proveedores de servicios y temor en las comunidades que dependen de estos recursos.
En un momento en que los servicios de salud mental son más necesarios que nunca, el gobierno federal está reduciendo el financiamiento y generando inestabilidad en los sistemas de apoyo de los que dependen las familias. Esta realidad incrementa la responsabilidad de los gobiernos estatales y locales. El trauma causado por operativos agresivos y por el miedo constante no desaparecerá por sí solo; sus efectos marcarán a las comunidades durante generaciones.
Las organizaciones comunitarias y las instituciones proveedoras de servicios necesitan inversiones sostenidas para ampliar el acceso de las familias a servicios de salud mental culturalmente pertinentes y accesibles. Si el liderazgo federal se retrae, los estados y los municipios deben asumir ese papel. De lo contrario, el costo de la inacción lo pagarán nuestras niñas y niños, y sus efectos se sentirán durante décadas.
