La verdadera pregunta de esta noche debería haber sido: ¿cuál es el Estado del Pueblo? Las políticas de Washington no se limitan a nuestras fronteras; moldean el trabajo, la migración, la seguridad y la estabilidad familiar en todo el continente americano. La gente sufre las consecuencias a diario: la vida es más difícil, los futuros más inestables y la desigualdad más visible de lo que cualquier político admite. Las acciones autoritarias que vemos ahora no surgieron de la noche a la mañana. Son producto de décadas de leyes, sistemas y políticas antiinmigrantes que concentraron el poder, debilitaron la supervisión y priorizaron el castigo y el lucro sobre las personas, a menudo a costa de las comunidades negras, inmigrantes e indígenas. Desde leyes migratorias radicales hasta expansiones de la seguridad nacional y políticas económicas que favorecen a las corporaciones, las bases para la deriva actual se sentaron hace mucho tiempo, y ahora esos sistemas se aplican con firmeza, con consecuencias que se sienten mucho más allá de las fronteras de Estados Unidos.
Hoy, el Estado del Pueblo es profundamente preocupante para cualquiera que no se ajuste a la imagen de blanco y rico. Las familias trabajadoras, los adultos mayores, los estudiantes, las personas con discapacidad, las personas LGBTQ+ y las comunidades inmigrantes se enfrentan a una mayor inestabilidad, mientras que nuestros sistemas de salud, educación y apoyo social siguen sobrecargados y con escasos recursos. Al mismo tiempo, las desigualdades raciales y económicas se profundizan, revelando un sistema que, con demasiada frecuencia, ha priorizado la conveniencia política y el lucro corporativo por encima de la dignidad humana.
Familias de todo el país trabajan más arduamente mientras se sienten menos seguras, menos protegidas y cada vez más excluidas de los mismos sistemas que sustentan su trabajo. Los inmigrantes que han dedicado los mejores años de su vida a este país están siendo separados de sus familias y tratados como desechables. No podemos permitir que nadie, ni siquiera el presidente de los Estados Unidos, dicte cómo deben sentirse las personas sobre sus propias realidades. Solo el padre o la madre que trabaja en tres empleos para mantener la luz, el trabajador migrante explotado por su trabajo, el vecino anciano que lucha por acceder a la atención médica, el estudiante que falta a la escuela por temor a que un ser querido no regrese a casa, solo ellos pueden expresar el peso de este momento.
Su agotamiento es real. Su miedo es real. Su frustración e ira son reales. Y también lo es su dignidad. El estado de nuestra nación no puede medirse únicamente por los mercados de valores ni los discursos políticos; debe medirse por si las familias se sienten seguras, si los trabajadores son respetados, si los ancianos pueden envejecer con seguridad y si los niños pueden soñar sin miedo. Si las personas se sienten invisibles, ignoradas y desprotegidas, ese es el verdadero estado de nuestro país, y exige responsabilidad, compasión y acción.
Los verdaderos problemas nunca han sido los inmigrantes ni la legalidad; se derivan de la persistente falta de voluntad política para construir un marco económico y social que reconozca los plenos derechos y la humanidad de todas las personas. Abordar la incertidumbre que enfrentan las personas en Estados Unidos requiere un cambio estructural: crear un sistema tributario justo donde los ultrarricos y las corporaciones paguen lo que les corresponde; corregir nuestros errores históricos abordando las causas fundamentales que obligan a las personas a huir de sus hogares en el extranjero; derogar leyes como la Ley de Reforma de la Inmigración Ilegal y Responsabilidad del Inmigrante (IIRIRA por sus siglas en ingles) de 1996, que permiten las prácticas de aplicación perjudiciales que vemos hoy; transformar nuestros sistemas de atención para garantizar el acceso independientemente de los ingresos o el origen de la persona; y fortalecer las protecciones laborales para que todas las personas puedan ganar un salario digno y vivir con dignidad.
Estos no son debates políticos abstractos; se trata de si los padres pueden dormir tranquilos, si las personas mayores pueden jubilarse con seguridad tras toda una vida laboral, si los jóvenes pueden imaginar un futuro al que pertenecen. Se trata de si seguiremos aceptando sistemas que explotan a las personas a través de las fronteras o si optaremos por construir sistemas que frenen el problema de raíz. Las personas no piden un trato especial; piden justicia, estabilidad y la oportunidad de vivir con dignidad en sus lugares de origen. Un futuro verdaderamente justo no puede limitarse a una sola nación. Cuando lideramos con cuidado colectivo, equidad y solidaridad transnacional, podemos ir más allá de la supervivencia y construir un hemisferio donde las comunidades —y no las corporaciones ni el poder descontrolado— definan sus condiciones de vida.
