Chicago, IL – El 3 de septiembre, el Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. anunció la terminación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para cientos de miles de ciudadanos venezolanos que se encontraban en Estados Unidos antes de marzo de 2021, tras huir de la represión política, el colapso económico y una grave crisis humanitaria. La decisión entrará en vigor 60 días después de su publicación formal, lo que pone a estas personas en riesgo de perder su autorización de trabajo y enfrentar la deportación a menos que califiquen para otra forma de estatus regular.

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Una vez más, la administración Trump recurre a tácticas ilegales para despojar a casi 300,000 personas venezolanas de protección humanitaria. La decisión de la Secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, de cancelar el TPS es inhumana, arbitraria y carece de fundamento que justifique causar un daño irreparable a familias que ahora enfrentan la amenaza de la deportación. 

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Esta medida forma parte de una estrategia más amplia dirigida a demonizar a las personas migrantes venezolanas y desmantelar el TPS, un programa que ha sido vital para cientos de miles de personas y un beneficio para comunidades en Estados Unidos. Terminar el TPS para Venezuela representa un peligroso retroceso para la protección humanitaria y deja a esas familias en una situación extremadamente precaria. 

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Alianza Americas rechaza firmemente este ataque contra las personas migrantes venezolanas, quienes ya viven en condiciones de vulnerabilidad. Esta decisión ignora la crisis humanitaria que aún persiste en Venezuela y pone a innumerables familias, quienes hacen parte de nuestras comunidades, en riesgo de deportación, inestabilidad y dificultades económicas. Una vez más, la administración Trump ha violado la Ley de Procedimiento Administrativo (APA), ya que la decisión de la Secretaria Noem de terminar la designación al TPS de 2021 es arbitraria y caprichosa, al igual que lo fue cuando se rescindió el TPS para Venezuela de la designación de  2023. 

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Hacemos un llamado a todos los sectores de la sociedad estadounidense, particularmente a los funcionarios electos locales, estatales y federales, a solidarizarse con las familias venezolanas y organizar esfuerzos locales para defender sus derechos, su dignidad y su futuro.