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Martes 1 de abril de 2025

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Chicago, IL – La reciente decisión del juez Edward Chen sobre la demanda NTPSA vs Noem bloquea temporalmente la cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para Venezuela. Esta decisión judicial es un golpe contundente contra la arbitrariedad y la ausencia de fundamento en el proceso de toma de decisiones de la administración de Trump. La determinación judicial expone cómo la revocación de esta protección esencial no solo carecía de base legal, sino que también estuvo impulsada por prejuicios y argumentos infundados.

Desde el principio, la decisión de la Secretaria de Seguridad Nacional Noem de anular la extensión de la designación de TPS de 2023 violó la ley de procedimiento administrativo, al ignorar las normas establecidas para implementar cambios de política. Como señaló el juez Chen, esta acción fue “arbitraria y caprichosa”, sin justificación adecuada ni consideración de los impactos devastadores que generaría en la vida de cientos de miles de personas.

Uno de los aspectos más alarmantes de esta decisión fue la intención del gobierno de vincular falsamente a la comunidad venezolana beneficiaria del TPS con el grupo criminal Tren de Aragua. El juez Chen fue claro al desestimar este argumento, señalando que “generalizar la criminalidad a la población venezolana beneficiaria del TPS en su conjunto carece de fundamento y denota racismo basado en estereotipos falsos generalizados”. La comunidad venezolana en Estados Unidos ha contribuido significativamente al país en términos económicos, sociales y culturales, y no debe ser utilizada como chivo expiatorio para jugadas discriminatorias de tinte partidista que generan un retroceso en el diseño e implementación de políticas públicas, como lo es el TPS.

Además de la violación del debido proceso, la revocación del TPS habría causado un daño irreparable a cientos de miles de familias, poniendo en riesgo su estabilidad, su seguridad y su derecho a una vida digna. También habría perjudicado la economía estadounidense con pérdidas de miles de millones de dólares en actividad productiva. La irresponsabilidad de la Secretaria Noem expuso a miles de familias venezolanas a vivir incontables horas de ansiedad y de terror, ante el temor de ser expulsadas a condiciones que pondrían en peligro a sus vidas.

La decisión del juez Chen envía un mensaje claro: las políticas migratorias no pueden estar motivadas por prejuicios ni implementarse de manera arbitraria. La comunidad inmigrante y sus aliados seguirán vigilantes, exigiendo un proceso justo y basado en la legalidad para garantizar la estabilidad de las personas amparadas por el TPS. Esperamos la información del Departamento de Seguridad Nacional sobre cómo pondrán en práctica la orden judicial, de manera que las personas amparadas por el TPS puedan solicitar la extensión y recibir una autorización para trabajar de manera pronta. 

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Alianza Americas es la principal red transnacional de defensa de los derechos de las personas migrantes latinoamericanas que trabaja en Estados Unidos, en todo el continente americano y en todo el mundo para crear un modo de vida inclusivo, equitativo y sostenible para las comunidades en las Américas.