3 de junio de 2020 — La última semana de mayo fue particularmente difícil en los Estados Unidos. Un nuevo episodio de racismo y violencia institucional detonó expresiones de rechazo en todo el país. Las demandas de rendición de cuentas, de justicia contra los responsables, y de reformas profundas al sistema de justicia penal y a la policía se hicieron sentir con protestas masivas. Esta situación ocurre luego de dos meses y medio de cese de actividades económicas por la emergencia de COVID-19. El racismo institucional colisionó con la rabia del impacto desigual de la crisis sanitaria y económica en la población afrodescendiente y latina.

La muerte de George Floyd a manos de cuatro agentes de policía mientras lo arrestaban en Minneapolis, Minnesota, el 25 de mayo, es el más reciente incidente en un historial frecuente de episodios en los que las fuerzas de seguridad ejercen su autoridad y el poder de sus armas o de sus cuerpos contra personas afrodescendientes. George Floyd es la última víctima en una lista larga. Sólo en los últimos días, nos informábamos con indignación de los homicidios de Ahmaud Arbery, Breonna Taylor and Tony McDade. El racismo institucional tiene raíces muy profundas en los Estados Unidos, que no han logrado arrancarse. La ideología de la supremacía blanca persigue y discrimina contra las personas de color, incluyendo a personas  latinx; personas inmigrantes latinoamericanas, y del sudeste asiático.

Los cuerpos de seguridad pública han sufrido un proceso de militarización, como parte de la respuesta a la violencia y a las organizaciones criminales. Esta estrategia, en lugar de atender las causas de la violencia y la delincuencia, promueve una escalada de la violencia generalizada. Las personas sospechosas de haber cometido un delito pasan a ser vistos como un otro, como enemigos, deshumanizados, y por lo tanto el uso desproporcionado de la fuerza es una constante. La militarización ha aumentado la inseguridad, en lugar de lograr que las personas se sientan seguras. Esta enfoque se aplica incluso en el control migratorio, resultando en incidentes protagonizados por la Patrulla Fronteriza de los EE. UU., como el homicidio de una mujer indígena guatemalteca en 2018, o el de un niño en territorio mexicano en 2010.

Los incidentes de abusos de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad también hacen parte de la realidad y de los desafíos que atender en Latinoamérica. Los casos abundan y la impunidad frente a estas situaciones es una constante. En México, la creación de la Guardia Nacional, como parte de un enfoque de militarización de la seguridad, ha sido la apuesta del actual gobierno. Este enfoque se ha materializado en incidentes como la muerte de una mujer salvadoreña en Veracruz, en junio de 2019. Otros casos denotan la deficiente investigación de muertes de personas a manos de la policía, como el caso de un hombre nigeriano en Ciudad de México, en 2011; el uso desproporcionado de la fuerza para controlar manifestaciones en 2016, y en incidentes de violencia intrafamiliar en Sonora, en 2019. En El Salvador, solo en el contexto de la cuarentena por el COVID-19, un joven fue víctima de la acción armada de un policía, por negarse a pagar una extorsión; y otro joven murió bajo custodia policial y su cuerpo tenía señales de tortura, según una investigación en curso de la Procuraduría de Derechos Humanos. En Honduras, un incidente reciente en contra de un vendedor ambulante, refleja el patrón de impunidad bajo el cual actúan los cuerpos policiales militarizados, que sobresale en casos como la desaparición de los 43 estudiantes en Ayotzinapa, México, y el de policías acusados de ejecuciones extrajudiciales en Guatemala.

La lucha contra la impunidad y la construcción de cuerpos de seguridad pública que respeten los derechos humanos, son prioridades para el fortalecimiento del Estado de derecho. Trabajar en ambos aspectos nos ayudará a alcanzar las condiciones de equidad y de seguridad para todas las personas que hacen parte de nuestras sociedades, de manera que la migración no sea su única opción.