Chicago, IL — Hoy, los departamentos de Estado y de Seguridad Nacional han anunciado una serie de medidas en materia de inmigración para preparar el fin de la política del Título 42:

• El Título 8 se aplicará una vez más con requisitos y obstáculos adicionales, como la presunción de inelegibilidad para el asilo de aquellas personas que no cumplan una serie de requisitos, entre ellos, obtener una cita para cruzar la frontera con la aplicación CBP One, y solicitar y ser denegado el asilo en un tercer país de camino a EE. UU.
• Seguirá aumentando el número de vuelos de personas con órdenes finales de deportación. El fin del Título 42 provocará un aumento de las deportaciones, incluida la prohibición de volver a entrar en Estados Unidos durante 5 años.
• La creación de centros regionales de tramitación en Guatemala y Colombia en colaboración con las agencias de Naciones Unidas (ACNUR y OIM) y con la presencia de funcionarios estadounidenses. Estos centros deberían proporcionar información y examinar a las personas que necesitan protección internacional y a las que se ofrecerá una vía legal para llegar a Estados Unidos, Canadá o España.
• Las personas de El Salvador, Guatemala, Honduras y Colombia con peticiones familiares aprobadas podrán entrar en EE. UU. a través de “parole” (permiso de viaje) sin necesidad de solicitar un visado. El programa de parole para cubanos, nicaragüenses, haitianos y venezolanos continuará con un límite mensual de 30,000 personas. La cuota anual de admisión de refugiados reasentados procedentes de América Latina y el Caribe se duplicará hasta los 30,000.

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Alianza Americas, una red de organizaciones lideradas por migrantes de América Latina y el Caribe está preocupada por las medidas anunciadas por la administración Biden y por la manera en que tales medidas se pondrán en vigencia. El anuncio pretende apaciguar los llamamientos xenófobos a favor de mayores medidas coercitivas y disuasorias, al tiempo que apacigua a quienes comprenden la difícil situación de las personas que buscan protección internacional. Este enfoque es erróneo y no aborda las causas profundas de la migración. La administración debería liderar reconociendo las contribuciones que los inmigrantes hacen a Estados Unidos cada día y debe crear vías reales para quienes buscan una vida segura y digna en este país. El gobierno de EE. UU. no debe castigar a quienes se ven obligados a emigrar, incluso por rutas inseguras hacia EE. UU.

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Las medidas propuestas por la administración dejan de lado cualquier esfuerzo por abordar las causas profundas de la migración, un enfoque político necesario que carece de financiación suficiente y que hasta ahora se ha centrado en la inversión privada, que en el mejor de los casos es una herramienta de una política sólida. Alternativamente, una financiación adecuada y enfoques sostenidos de política exterior son cruciales para cambiar las condiciones en los países de origen de los que muchos huyen. La disuasión y el aumento de las medidas coercitivas han demostrado ser enfoques fallidos que no cambian los múltiples factores que obligan a tantas personas a huir de sus países y sólo consiguen empujar a la gente hacia rutas más peligrosas que permiten prosperar a las organizaciones criminales, lo que se traduce en el contrabando, la trata, la extorsión y el secuestro de migrantes y otras personas.

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“Un número significativo de estas medidas son motivo de extraordinaria preocupación. En realidad, no se están ampliando verdaderamente las vías legales y la aplicación del programa parole y del programa de refugiados ha sido muy limitada. Es fundamental abordar estos obstáculos para que las solicitudes de parole puedan tramitarse de forma ordenada y oportuna. En el año fiscal 2023, sólo 2,295 refugiados de América Latina y el Caribe han sido admitidos en EE.UU. Además, la maquinaria de deportación se verá reforzada, lo que resultará en un aumento de la separación familiar y la agonía. Sabemos muy bien que castigar a quienes buscan seguridad en EE.UU. es una estrategia fallida”, dijo Oscar Chacón, director ejecutivo de Alianza Americas.

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“Los centros regionales de procesamiento confirman la externalización de la aplicación de las leyes de inmigración de EE. UU., una fuente de preocupación para Alianza Americas. Sin embargo, si estos centros identifican a las personas en condiciones de vulnerabilidad y a las que necesitan protección y les ofrecen vías legales y transporte a EE. UU., Canadá y España, podría ser una solución política prometedora. Seguiremos de cerca su aplicación y esperamos que dicha iniciativa se extienda a México, donde hay una gran necesidad de asistencia”, añadió Chacón.

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“Sabemos que estas medidas no bastan para abordar las verdaderas razones por las que la gente migra. Necesitamos una serie de políticas que defiendan el derecho a buscar protección y permitan a las personas reunirse con sus familias. Restringir el acceso al asilo no es la respuesta y las vías legales existentes para entrar en EE. UU. son insuficientes ante el número de personas que huyen de sus hogares”, concluyó Chacón.

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Alianza Americas es la principal red de defensa transnacional de organizaciones lideradas por migrantes latinoamericanos que trabajan en los Estados Unidos, en todo el continente americano y en todo el mundo para crear una forma de vida inclusiva, equitativa y sostenible para las comunidades de América del Norte, Central y del Sur. En 2022, Alianza se integró con Presente.org, estableciendo una plataforma de organización digital más fuerte.