Adopción de un discurso pro-migrantes y pro-migración.
A lo largo de las últimas 4 décadas, fuerzas políticas motivadas por prejuicios supremacistas blancos y xenófobos han impulsado consistentemente una narrativa anti-inmigrante, que presenta a las personas mexicanas y de demás países de América Latina como una amenaza para los Estados Unidos de América (EE. UU). Lamentablemente, este esfuerzo ha logrado penetrar los círculos de liderazgo de los dos partidos políticos dominantes, así como también la forma de pensar de muchas organizaciones que se ubican en el campo pro-inmigrante y pro reforma a la política de inmigración. Consideramos urgente que la administración Biden-Harris adopte una narrativa genuinamente apegada a la verdad en lo referente a los inmigrantes en general, y en particular a las personas de México y otros países de América Latina. Dicha narrativa debe centrarse en que estas poblaciones han sido un factor vastamente positivo en la vida de los EE. UU. Esta nueva narrativa debe estar basada en la verdad y la evidencia, la cual es esencial para crear el entorno apropiado para que la opinión pública apoye las reformas a la política migratoria. Parte de este nuevo discurso necesariamente debe incluir el reconocimiento de que la restrictiva, excluyente y punitiva ley de inmigración de 1996 fue un grave error que debe ser corregido de forma expedita. El costo humano infringido es enorme. Esa legislación fue posible gracias al predominio de la narrativa tóxica, racista y xenófoba antes mencionada.
Uso decisivo de la autoridad presidencial para proteger a personas inmigrantes en situación de vulnerabilidad y para reorientar la manera en que se aplica la legislación actual, incluyendo la legislación sobre asilo y otras formas de protección humanitaria.
Entre otras demandas, destacamos las siguientes:
Una nueva designación de Protección Migratoria Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para las personas nacionales de El Salvador, Guatemala, Honduras, y Nicaragua; a razón de la situación de crisis generada por los efectos combinados de la pandemia de Covid-19 y los graves desastres naturales que causaron daños significativos a la infraestructura económica y productiva de estos países. Esta medida mantendrá protegidos a quienes se encontraban protegidos a razón de antiguas designaciones de TPS y ampliará esta protección a personas que viven en los EE.UU. y que carecen de este estatus migratorio.
Mantener protegidas a las personas que han vivido los últimos años bajo la protección de DACA y de TPS, hasta que el Congreso apruebe una vía hacia la residencia permanente.
La reversión de diversas medidas tomadas por la administración Trump en materia de asilo. Estas medidas incluyen el programa Quédate en México, la adopción de medidas de restricción del número de solicitantes de asilo que pueden ingresar diariamente por los puntos de ingreso regular, el cierre de la frontera bajo el Título 42 a partir de una orden dictada por el Centro de Control de Enfermedades, y los acuerdos (seguramente ilegales) de cooperación en materia de asilo con Guatemala, Honduras y El Salvador. Respecto a este último punto, es importante subrayar que cada uno de estos países son incapaces de ofrecer condiciones de bienestar y seguridad a sus propios ciudadanos, mucho menos a personas de otras nacionalidades en busca de protección internacional, etc.
La redacción de nuevas regulaciones que establezcan prioridades en la aplicación de la ley por parte Inmigración y Control de Aduanas (US Immigration and Customs Enforcement -ICE), de manera que la población inmigrante sin autorización migratoria pueda vivir sin el temor de redadas y detención, por su sola condición migratoria.
La reafirmación del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (US Citizenship and Immigration Service – USCIS) como una agencia dedicada al servicio de las poblaciones inmigrantes y personas que aspiran a la ciudadanía. Esta agencia debe reducir los atrasos en el procesamiento de solicitudes migratorias y se le debe asignar la tarea de encontrar formas de prestar sus servicios de manera pronta, eficiente y asequible.
Terminar de manera inmediata la práctica de la detención de menores, no sólo en la frontera sur del país sino también en el resto del país.
Redefinir y restringir los criterios bajo los cuales las personas en procedimientos de remoción, incluyendo solicitantes de asilo, son privados de libertad, y establecer un tiempo máximo de detención, luego del cual las personas deben ser puestas en libertad.
La suspensión inmediata del trabajo de construcción del muro fronterizo ordenado por el Presidente Trump. Más allá de que se trata de un proyecto basado en mentiras y supuestos errados, es un desperdicio de recursos públicos. La construcción del muro está teniendo un impacto negativo en la vida de muchas comunidades, incluyendo pueblos indígenas, y en el equilibrio ambiental de las zonas afectadas.
Abolición de la sección 287 (g) de la ley de inmigración de 1996 que permite la colaboración entre los cuerpos locales encargados del orden público, e Immigration and Customs Enforcement (ICE). Los cuerpos locales responsables del orden público deben efectivamente centrarse en servir y proteger a TODAS las personas bajo sus respectivas jurisdicciones. Por lo tanto, atribuirles el rol de policías migratorios es contraproducente.
La cancelación inmediata de los contratos gubernamentales con las compañías encargadas de la construcción y/o administración de centros de detención de inmigrantes. La práctica actual de generar utilidades para el encarcelamiento de extranjeros es inmoral, ha generado un patrón de abusos, y debe cesar inmediatamente.
La ampliación de la cuota de refugiados admitidos anualmente a los Estados Unidos a por lo menos 125.000 y reconstrucción del sistema de reasentamiento.
Apoyo inequívoco a las propuestas legislativas que se presenten en el Congreso dirigidas a reformar la política de inmigración.
Aunque es altamente positivo que el Presidente Biden haya enviado un proyecto de ley de reforma a política migratoria basado en las muchas formas en las que los inmigrantes contribuyen al bienestar de la nación, reconocemos que es el Congreso quien aprueba las leyes. Por lo tanto, animamos al Presidente Biden a apoyar cambios positivos a la política migratoria estadounidense, ya sea en la forma de cambios graduales, o mediante un proyecto de reforma legislativa integral. A la luz del enorme impacto negativo infringido en comunidades inmigrantes desde la aprobación de la Ley de Inmigracion de 1996, hacemos un llamado a la Administracion Biden a trabajar a favor de cambios legislativos que efectivamente resulten en la abolición gradual o de esta ley, caracterizada por su naturaleza restrictiva, excluyente y punitiva. En lo inmediato, consideramos prioritarios los siguientes cambios legislativos:
Programa de ajuste de estatus para las personas beneficiarias del programa DACA para que puedan solicitar estatus de residente permanente.
Programa de ajuste de estatus para las personas protegidas por medio de designaciones de Protección Migratoria Temporal y que tengan cinco años o más de haber residido en los EUA; para que puedan solicitar estatus de residente permanente.
Programa de ajuste de estatus para personas cuyos hijos son beneficiarios del programa DACA o ciudadanos estadounidenses, para que puedan solicitar estatus de residente permanente.
Programa de ajuste de estatus para personas que han sido empleadas en la industria agrícola y en la industria de procesamiento de alimentos del país por dos años o más, para que puedan solicitar estatus de residente permanente.
Programa de ajuste de estatus para personas que han sido trabajadores esenciales durante la pandemia, para que puedan solicitar estatus de residente permanente.
Programa de ajuste de estatus para personas que se graduaron de la universidad o que se encuentran estudiando en la universidad, y que no pudieron acogerse al programa DACA por no cumplir los requisitos relativos a la fecha de ingreso, para que puedan solicitar estatus de residente permanente.
Incremento en el número anual de visas disponibles para solicitudes de residencia permanente basadas en relaciones familiares y ofertas de empleo, y asignarlas a las nacionalidades con mayor demanda de tales visas, de manera que se asegure la pronta y efectiva obtención de tales visados.
Abolición de las cláusulas de prohibición de reingreso a los EE. UU. de 3 y 10 años, como también las que prohíben el reingreso de por vida, a razón de infracciones migratorias, de acuerdo con la ley de 1996.
Restauración del mecanismo de alivio en contra de las deportaciones conocido como Suspensión de Deportación, eliminado por la ley de 1996.
Actualización anual de la ley de registro migratorio, de manera que esté siempre 7 años atrás del año en curso. Por ejemplo, en el año 2021, esa fecha debería de ser el 1ro de enero del 2014.
Reorientación de todos los recursos públicos destinados a las agencias de control migratorio dentro del Departamento de Seguridad Interior, al trabajo en luchar contra el extremismo supremacista blanco, que es la amenaza terrorista interna más significativa que enfrenta la nación.
Apoyo a reformas legislativas amplias en el ámbito económico y social de beneficio para familias de ingresos bajos y medios, las cuales tendrían un impacto directo en las poblaciones inmigrantes que residen en los EE. UU.
Ejemplos de reformas de este tipo son los siguientes:
Aumento del salario mínimo federal a por lo menos $15 por hora.
Mejoras al sistema de salud encaminadas a garantizar acceso universal a la salud a todas las personas, por medio de reformas a los programas Medicaid y/o Medicare.
Destinación de recursos presupuestales para garantizar el acceso universal a la prueba de Covid-19, tratamiento médico por Covid-19 y la vacuna para los trabajadores esenciales, los trabajadores agrícolas, y de procesamiento de alimentos, independientemente de su estatus migratorio.
Reformas a la legislación laboral para garantizar licencia laboral remunerada por razones de maternidad y paternidad para toda madre y padre de familia.
Cambios a la ley tributaria de manera que las personas con ingresos individuales de hasta $150,000 o parejas con ingresos de hasta $300,000 paguen tasas tributarias menores. Los individuos o parejas con ingresos superiores a los anteriores, debieran pagar tasas escalonadas de impuestos más altas, para desarrollar un sistema tributario efectivamente progresivo, y capaz de respaldar el bienestar de la sociedad en su totalidad. Además, la tasa de contribución de las empresas debe reformarse para garantizar que las entidades corporativas paguen una tasa justa que contribuya al bienestar de las sociedades. En ambos casos, se debe velar por el estricto cumplimiento de estas modificaciones.
Legislación para la reconstrucción de la infraestructura vial, eléctrica, hidráulica, eólica, portuaria, de comunicaciones (especialmente de acceso a internet) y de manejo de desechos; entre otros campos claves de bienestar, dirigidos a generar millones de empleos bien remunerados y desarrollar una política de mitigación y adaptación al cambio climático.
Reorientación de la política exterior de los EE. UU. hacia México, Centroamérica, el Caribe y el resto de América Latina, centrada en los siguientes pilares:
Prosperidad económica y social que cambie de manera positiva y tangible las vidas de la mayoría de las personas.
El fortalecimiento de la democracia y el estado de derecho bajo principios de transparencia, rendición de cuentas; y el combate frontal y demostrable de la corrupción en todos los ámbitos,
La garantía y protección de los derechos humanos de todas las personas, con énfasis en la libertad de expresión y de asociación,
El apoyo a cambios de política económica esenciales dirigidos a fortalecer los indicadores económicos y sociales, así como la generación de los necesarios recursos públicos para poder apoyar económicamente una agenda de verdadera prosperidad compartida.
El objetivo de una nueva política exterior debe ser contribuir de manera decisiva a la transformación de América Latina en países donde el bienestar y la prosperidad reinen, y de los cuales cada vez menos y menos personas se vean obligadas a buscar su bienestar en tierras extranjeras.
Todos estos cambios, de llegar a ser abrigados e impulsados como puntos de agenda común entre el Congreso y el Ejecutivo, se traducirían en grandes beneficios para las comunidades inmigrantes, particularmente de América Latina y el Caribe.
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