Search our website
La propuesta amenaza a las familias de las personas migrantes y las economías de sus países de origen
¿Qué dice la propuesta?
La sección 112105 del paquete de reconciliación presupuestaria del Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes incluye un impuesto de 5% a las transferencias de remesas.
El impuesto a las transferencias de remesas sería solo para las remesas enviadas por personas no ciudadanas. Todas las personas migrantes, independientemente estatus migratorio, tendrían que pagar este impuesto.
Los proveedores de transferencias de remesas tendrían que entrar en un acuerdo con el gobierno federal para actuar como un “proveedor de transferencias de remesas calificado” y verificarían la ciudadanía de una persona cada vez que inicia la transferencia.
¿Cuál sería el impacto de la ley?
La propuesta podría afectar a más de 40 millones de personas en Estados Unidos que envían dinero a sus familias en sus países de origen. La medida también afecta a por lo menos 40 millones de familias que cubren necesidades básicas con el producto del trabajo de sus familiares migrantes.
El dinero que se envía a través de las transferencias de remesas ayuda a resguardar el bienestar de las personas en los países de origen, ayudándoles a satisfacer sus necesidades básicas, y en muchas ocasiones, creando acceso a la educación, oportunidades para emprender negocios, tener un techo sobre sus cabezas, e invertir. Las remesas desincentivan la migración.
Al añadir un impuesto a las remesas, el dinero que recibirían las personas en los países de origen se reduciría, mientras que algunas personas podrían optar por mandar menos o enviar remesas por canales no autorizados o regulados. El impuesto a las remesas de las personas migrantes tendrá un impacto significativo en las economías de los países de origen, algunas de las cuales dependen de ellas, como:
Proveedores de transferencias de remesas, como Western Union y Remitly, también verían un incremento en sus gastos operacionales debido a la responsabilidad añadida de verificar la ciudadanía de cada persona realizando este tipo de transferencias. Incluso, al optar por usar canales no autorizados para el envío de remesas, perderán ganancias generadas por tarifas de transacción que ya cobran.
No corresponde a una empresa privada estar verificando la ciudadanía de una persona para prestarle un servicio. No se trata solo de un requisito más y de la responsabilidad de transferir el impuesto retenido al gobierno, sino del propósito y el sentido de esta medida y de asignar esta responsabilidad a miles de funcionarios de empresas privadas.
