El jueves 20 de marzo de 2025, el presidente Trump firmó una orden ejecutiva pidiendo al Secretario de Educación que tome todas las medidas posibles para preparar y, en última instancia, eliminar el Departamento de Educación. Esta medida, además de ser peligrosa e irresponsable, pondría en riesgo la capacidad de las escuelas para atender a millones de estudiantes, especialmente quienes cuentan con menos recursos.

El papel esencial del Departamento de Educación

Contrario a los argumentos de la administración Trump, los estados ya tienen la mayor parte del poder sobre su sistema de educación pública, incluyendo el plan de estudios, estándares académicos, y la decisión completa sobre cómo dirigen sus sistemas de escuelas públicas. Sin embargo, el Departamento de Educación es fundamental para garantizar que todos los estudiantes, sin importar su origen, tengan acceso a una educación equitativa y de calidad. Este ataque no se trata de reducir la burocracia o consolidar el gobierno. Es un ataque con el intento de debilitar las protecciones y los derechos de los estudiantes en situación de vulnerabilidad.

¿Qué hace el Departamento de Educación?

Creado en 1979 bajo la administración del presidente Jimmy Carter, el Departamento de Educación tiene como misión:

• Garantizar el acceso equitativo a la educación de calidad. 
• Combatir la discriminación en el sistema educativo. 
• Brindar apoyo adicional a comunidades marginadas. 
• Asegurar que los estados y las familias participen en la educación. 
• Reducir las barreras económicas que dificultan el acceso a la educación. 
• Mejorar la calidad de la enseñanza con investigación y buenas prácticas.

En esencia, su propósito es proteger los derechos civiles de las niñas y niños en situación de vulnerabilidad y las minorías.

Protección de los derechos civiles en la educación 

Las leyes de los derechos civiles han sido fundamentales para garantizar la igualdad de oportunidades en la educación. Algunas de las más importantes son: 

• La Ley de Derechos Civiles de 1964: Prohíbe en su Título VI la discriminación por motivos de raza, color u origen nacional en programas o actividades que reciba financiamiento federal. 
• Título IX de las Enmiendas Educativas de 1972: Garantiza la igualdad de género y religión   con profundas repercusiones tanto en la política educativa como en la política nacional. 
• Ley de Igualdad de Oportunidades en la Educación de 1974: establece protecciones para estudiantes que están aprendiendo inglés u otros que puedan enfrentarse a barreras lingüísticas a la hora de recibir su educación. El Departamento de Educación federal brinda recursos clave para que estados y localidades puedan apoyarlos con servicios complementarios, como terapia, desarrollo y apoyo educativo. Su desmantelamiento afectaría gravemente a estos estudiantes.
• La sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973, la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA) de 1990 y la Ley de Educación de Personas con Discapacidades (IDEA) de 1997: aseguran derechos y accesibilidad a alumnos con discapacidades en los centros escolares públicos y privados.

Las leyes y decisiones judiciales posteriores reforzaron muchas de estas protecciones y, en algunos casos, aportaron importantes aclaraciones. Un ejemplo es Plyer vs. Doe, una importante decisión de 1982 emitida por la Corte Suprema que garantiza a los estudiantes el acceso a la educación pública gratuita sin importar su estatus migratorio. 

La administración Trump ha emprendido una serie de medidas para debilitar esta labor:

• En febrero de 2025, se anunció que el personal de la oficina se reduciría en un 50% en la Oficina de Derechos Civiles, efectiva a partir del 21 de marzo. 
• 7 de las 12 oficinas regionales ahora sufren una grave escasez de personal y podrían cerrarse por completo.
• La mayoría de las investigaciones han quedado paralizadas, lo que ha provocado múltiples quejas o demandas de estudiantes, familias y otros grupos. 
• Se han priorizado las investigaciones alineadas con su agenda política, como ataques a la educación sobre diversidad e inclusión.

Estas acciones ponen en riesgo derechos fundamentales y afectan directamente a los estudiantes más vulnerables.

¿Por qué atacar al Departamento de Educación?

Antes de su creación, los esfuerzos para hacer cumplir estas leyes procedían principalmente del Departamento de Justicia.  Sin embargo, con el tiempo, el Departamento de Educación se convirtió en un pilar esencial para proteger los derechos civiles de los estudiantes en situación de vulnerabilidad y mejorando la educación pública. Por este motivo, condenamos cualquier intento de socavar la labor y la eficacia de la Oficina de Derechos Civiles del Departamento de Educación.

 Actualmente, esta oficina tiene más de 12 mil casos abiertos relacionados con quejas sobre racismo, discriminación de género, discriminación o barreras para estudiantes con discapacidades y otros problemas críticos. Evidentemente, un motivo de fondo en estos ataques es el intento de Trump y su administración de desmantelar las leyes y medidas que protegen y promueven los derechos de grupos históricamente marginados, como personas afroamericanas, latinas, mujeres y personas con discapacidades. Todo ello se refleja en los intentos de desmantelar y prohibir programas de diversidad e inclusión y programas para aumentar la equidad social.

¿Qué podemos hacer?

• Informarnos y compartir esta información con nuestras comunidades.   
• Apoyar a organizaciones que luchan por la equidad educativa.
• Construir una narrativa que valore la diversidad y la inclusión en espacios públicos y privados.

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